Por: Tulio Elí Chinchilla

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MUCHO MÁS QUE EL MAYO FRANCÉS, otro acontecimiento cercano conmovió la conciencia social de los jóvenes y adolescentes colombianos en 1968: la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Medellín entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre, como evento contiguo al Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá (18-25 de agosto).

En aquella asamblea de prelados, la Iglesia del continente buscó —y tal vez encontró— su propia identidad al reivindicar la dimensión social de la teología, al postular como misión del cristianismo la liberación del ser humano de las cadenas de la pobreza, la explotación y la carencia de bienes básicos para una vida digna. Se daba así desarrollo y contexto a la “doctrina social” católica (“cuestión social”), formulada por Pablo VI en la ‘encíclica ‘Populorum Progressio’ de 1967, según la cual, la justicia social es el nuevo nombre de la paz y la equidad el principio rector de las relaciones de intercambio económico entre los pueblos pobres y los opulentos.

Todo ello constituía una reviviscencia de la encíclica ‘Rerum Novarum’ de León XIII, que en 1892 había puesto el dedo en la llaga social de Europa al denunciar la miseria y sobreexplotación del proletariado industrial. También era el eco de aquellos vientos renovadores y de apertura desatados unos años atrás por el Concilio Vaticano II con su, entre otros, postulado de “diálogo de civilizaciones”.

Como si no hubieran pasado estos cuarenta años, anteayer en el Sínodo mundial celebrado en el Vaticano, los obispos latinoamericanos han vuelto a recabar de la Iglesia “un mayor compromiso con los pobres... y con las culturas indígenas emergentes”. Con ello revivían estos pastores de hoy aquella conclusión de su asamblea de Medellín: “La paz es obra de la justicia”, lema que representó un verdadero giro ideológico del catolicismo del Tercer Mundo, y que tomaría fuerza como “opción preferencial por los pobres” en la III Conferencia Episcopal de Puebla en 1979.

Coincide este reclamo ético de nuestros monseñores con la reciente revelación de la FAO de que en América Latina, como consecuencia de la crisis de los biocombustibles, mientras se lograba un superávit de producción de alimentos durante los últimos dos años, al mismo tiempo se elevó a 51 millones el número de personas que malviven en estado de miseria, sin acceso a una alimentación básica. La doctrina social del areópago episcopal de Medellín no hubiera dudado en llamar “pecado colectivo” contra la fe en Jesucristo a esta cruel paradoja.     

Hoy, bajo el pontificado del libre comercio, resuenan con actualidad las palabras de la encíclica ‘Desarrollo de los Pueblos’: “Una economía de intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre concurrencia, que engendra también demasiado a menudo una dictadura económica... La justicia social exige que el comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca entre las partes al menos cierta igualdad de oportunidades”.

Ello por cuanto, según esa misma Carta, la gran aspiración de los seres humanos sigue siendo: “Verse libres de miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable, participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad; ser más instruidos...”.

 

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